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Ararteko

Basque Ombudsman-Ararteko

Country / Region

Euskadi-Basque Country

Name of Office

Ararteko - Ombudsman of the Basque Country

Name of Member

Mikel Mancisidor de la Fuente

Official Website

https://ararteko.eus/eu

Sobre el miembro

Mikel Mancisidor tomó posesión de su cargo como Ararteko el 5 de febrero de 2026, tras su nombramiento por el Parlamento Vasco para un mandato de cinco años.

Nacido en Bilbao en 1970, Mancisidor ha dedicado su carrera a la promoción y protección de los derechos humanos, con especial atención a los derechos culturales, tanto en el contexto vasco como a nivel internacional.

Es licenciado en Derecho, doctor en Relaciones Internacionales y doctor en Historia. Ha impartido clases de derecho internacional de los derechos humanos y materias afines en la Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea, el Washington College of Law de la American University (Washington D.C.) y el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin de Estrasburgo.

Comenzó su carrera profesional trabajando con organizaciones no gubernamentales en América Latina. Posteriormente, trabajó en organizaciones de la sociedad civil vasca y en Gernika Gogoratuz, el centro de investigación por la paz del País Vasco.

De 2004 a 2014, ejerció como director de UNESCO Etxea, el Centro UNESCO del País Vasco. Durante este periodo, trabajó intensamente en la intersección de los derechos culturales, la educación, la diversidad lingüística y el desarrollo humano, vinculando las perspectivas local y global. Fue miembro del Comité Científico de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la Universidad del País Vasco, formó parte del Comité Científico del Segundo Congreso sobre Lenguas e Inmigración y contribuyó a la publicación de Words and Worlds (Palabras y Mundos), un informe sobre la diversidad lingüística global.

De 2013 a 2024, ejerció como miembro experto independiente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR), incluyendo más de una década como miembro del grupo de trabajo del Comité sobre derechos culturales. También actuó como relator de la Observación General n.º 25 sobre la Ciencia y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sus contribuciones a los derechos humanos, la cultura y las humanidades han sido reconocidas con la Medalla de Oro de los Derechos Humanos, otorgada en el centenario de la Liga Española de Derechos Humanos (2013), y el Premio Eusko Ikaskuntza de Humanidades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales (2020). Fue elegido miembro de número de Jakiunde, la Academia Vasca de las Ciencias, las Artes y las Letras.

Hasta su nombramiento como Ararteko, formó parte del Patronato y del Comité Científico de la Fundación Iura Vasconiae, así como de la junta de gobierno de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

Sobre la oficina del miembro

El Ararteko – Defensor del Pueblo del País Vasco, creado por la Ley 3/1985, de 27 de febrero, del Ararteko del Parlamento Vasco, es el Alto Comisionado del Parlamento Vasco encargado de defender los derechos de la ciudadanía en relación con las políticas públicas y actuaciones de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La institución del Ararteko está dirigida por una sola persona, también conocida como ararteko, que es elegida por una mayoría de tres quintos del Parlamento Vasco para un mandato de cinco años. Se trata de una institución imparcial e independiente que presta un servicio público completamente gratuito.

El Ararteko supervisa las actuaciones de las administraciones públicas vascas, bien de oficio o bien a partir de las quejas recibidas por parte de la ciudadanía, y también es responsable de proteger y promover los derechos de la ciudadanía. La jurisdicción del Ararteko abarca las actuaciones de tres niveles de gobierno: el Gobierno Vasco, las denominadas instituciones forales de los tres territorios históricos de Euskadi (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) y los ayuntamientos vascos. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, su auctoritas ha otorgado a la institución un alto grado de influencia en la mejora de las actuaciones públicas.

Como institución de defensoría del pueblo de carácter general, el Ararteko recibe quejas que abordan diversos servicios y actuaciones públicas, incluidos los servicios sociales, la educación, el medio ambiente, la vivienda, la transparencia, la igualdad, la infancia y la juventud, la salud o, más recientemente, las prisiones, por nombrar solo algunos. La misión del Ararteko también incluye la defensa de los derechos lingüísticos que se derivan del carácter cooficial de las lenguas vasca y castellana.

Las funciones del Ararteko incluyen:

 

Información clave sobre la situación lingüística en este país/región

La Comunidad Autónoma de Euskadi tiene dos lenguas oficiales: el euskera, la lengua propia de la región, y el castellano. El Estatuto de Autonomía de Euskadi establece que todos los habitantes tienen derecho a conocer y utilizar ambas lenguas.

Según la Encuesta Sociolingüística de 2021, el 36,2% de la población de Euskadi de 16 o más años es vascohablante (680.629 personas), el 18,6% son vascohablantes pasivos (no son capaces de hablarlo, pero lo entienden hasta cierto punto) y el 45,3% son no vascohablantes. Estos resultados muestran un notable incremento, de casi el 7%, en los últimos 20 años. Si bien no existe una distinción notable en la competencia lingüística del euskera por razón de sexo (el porcentaje de vascohablantes es 0,7 puntos superior entre las mujeres que entre los hombres), la edad es un fuerte determinante: el mayor porcentaje de vascohablantes se encuentra entre los menores de 35 años, en los grupos de edad de 16-24 años (74,5%) y de 25-34 años (54,4%). El grupo con el menor porcentaje de vascohablantes es el de las personas de 65 o más años (22,1%).

En un contexto legal donde dos lenguas son oficiales, el cometido del Ararteko incluye salvaguardar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en sus relaciones con las autoridades vascas. En este sentido, los asuntos más comunes gestionados por el Ararteko en materia de derechos lingüísticos se refieren al incumplimiento por parte de la administración pública del uso de la lengua de preferencia de la ciudadanía en sus relaciones con ésta. Los asuntos se refieren, en mayor medida, a la aplicación práctica del derecho a ser atendido en euskera en las mismas condiciones que en castellano, en particular al tratar con agentes de la policía local y autonómica y al acceder a los servicios de salud pública.